Comunicadores Indígenas

El Universal.- La existencia de las radios comunitarias más que un tema de recursos financieros es de derechos humanos, pues -afirman- hay zonas que tienen en ellas el único medio de comunicación. Lamentan que su sobrevivencia esté amenazada por las recientes reformas a la ley de radio y televisión.

Son 12 y sus transmisiones hacen la diferencia en decenas de regiones del país que no cuentan con otro medio de comunicación que la radio comunitaria. Con ellas, unos 3 millones de radioescuchas en diferentes zonas del territorio nacional tienen información sobre salud sexual y reproductiva, protección del medio ambiente, perspectiva de género, participación política y temas de la agenda local, entre otros.

De ahí que la existencia de las radios comunitarias no sea un tema de recursos financieros ni de tecnología, sino de derechos humanos, del derecho a la libertad de expresión, afirma Daniel Iván García Manríquez, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México.

El Estado mexicano tiene obligaciones, tanto en los compromisos internacionales como en el mandato que le dan los ciudadanos, de responder a estos proyectos de comunicación ciudadana, afirma en entrevista.

Las radios comunitarias, precisa García Manríquez, han sobrevivido hasta ahora esencialmente por el apoyo de las comunidades, pero las recientes reformas a las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones amenazan su sobrevivencia, al excluirlas del texto legislativo.

Sin el impulso oficial, advierte, difícilmente las radios comunitarias podrán enfrentar el proceso de convergencia tecnológica, pues los costos de los equipos de transmisión requeridos para el cambio están fuera del alcance de las comunidades y de las organizaciones permisionarias.

“No basta con el reconocimiento, en este caso el permiso. El Estado tiene la obligación de desarrollar políticas públicas que apoyen y fomenten la aparición de las radios comunitarias, como ocurre en otros países, pues sin esas políticas y con las reformas a la legislación nos condenan a la desaparición”, sostiene. Insiste que el panorama no es alentador.

Sin el apoyo del Estado las radios comunitarias no podrán sobrevivir más allá de 10 o 15 años, pues con el cambio a las transmisiones digitales será imposible permanecer al aire sin el equipo adecuado, admite el fundador de La Voladora Radio, que obtuvo su permiso para trasmitir desde Amecameca, Estado de México, hace seis años.

Apoyo comunitario e imaginación

Los mecanismos de financiamiento para las radios comunitarias son sumamente limitados, explica Daniel Iván García Manríquez, y la nueva legislación los restringe aún más, al obligarlas a operar bajo la figura de permisionarias.

Esa figura responde a un modelo de radios públicas, es decir, las que están en manos del Estado o de instituciones que, por ello, cuentan con un presupuesto para operar, lo que no ocurre con las radios comunitarias, precisa.

Más aún, destaca el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, que la nueva legislación permite a los radiodifusores comerciales, que operan bajo la figura de concesionarios, aumentar sus tiempos de comercialización mientras se lo prohíbe a las organizaciones civiles que se dedican a la comunicación.

“La disposición no tiene ni sentido lógico ni de justicia. Para asegurar la permanencia de las radios comunitarias, las organizaciones que las operan deben recurrir al apoyo comunitario y a todos los recursos que les dicte su creatividad”, señala.

Así, recurren a la organización de rifas, fiestas o bailes; otras aplican estrategias que diversifican su labor, como la instalación de un café en la sala de trasmisiones o la impresión y venta de memorabilia de la estación. También, en ocasiones, reciben financiamiento de organismos internacionales para la promoción de proyectos específicos que, por lo mismo, tienen una duración limitada, explica. Otra fuente de recursos, mucho más escasa y difícil de obtener, es la que proviene de los gobiernos estatales y municipales.

“El problema es que la negociación en este último caso tiene que darse a un nivel político y es muy difícil lograr que la autoridad asuma el financiamiento de una radio comunitaria que cuestiona relaciones de poder o que toca ciertos intereses”, admite García Manríquez.

Esquemas de sobrevivencia

Por ello, en la gran mayoría de los casos, las organizaciones prefieren ser cuidadosas y privilegiar la independencia editorial e informativa y la autonomía del proyecto y, por esa razón, entre 50% y 60% del financiamiento procede de estrategias locales, incluidos los donativos de las comunidades.

Con estos esquemas, las radios comunitarias han sobrevivido e impuesto cambios en las agendas de comunicación locales, algunas de ellas durante décadas, como Radio Teocelo, que transmite desde hace 48 en Veracruz. La decana de las radios comunitarias tiene un programa que promueve la contraloría social desde los ciudadanos: Cabildo Abierto, en el que funcionarios del ayuntamiento se someten a las críticas y comentarios de los ciudadanos con micrófono abierto.

Otras tienen apenas uno o dos años de estar al aire con permiso, pero mucho más tiempo de haber surgido como proyectos de comunicación comunitarios, algunos de ellos con el boom de las radios comunitarias, en la década de los 90. Aunque no hay un censo preciso, en 2004 AMARC estimaba que había en el país entre 150 y 200 radios comunitarias. La estimación oficial es de 90. De ellas, sólo 12 cuentan con permiso, otorgados en su mayoría entre 2004 y 2005.

Las opciones

Daniel Iván García asegura que las organizaciones permisionarias de las radios comunitarias no se van a sentar a esperar su desaparición y desde ahora buscan nuevas estrategias para subsistir.

Una de ellas es la vía legal. El combate a la llamada Ley Televisa por la vía de los amparos, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad que están en curso desde su aprobación. Este camino será explorado por AMARC en los próximos meses, cuando solicite permisos de operación para cuatro de sus afiliadas, dos en el Estado de México, una en Puebla y otra más en Veracruz.

“Dada la discrecionalidad que se dejó en el tema de permisos, esperamos que haya problemas, pues por ejemplo, ni siquiera se fijan a la autoridad plazos para dar respuesta a las solicitudes, así que nos pueden hacer esperar indefinidamente”, explica Daniel.

AMARC espera también resultados favorables del amparo promovido por Comunicadores Comunitarios, la organización permisionaria de Radio Bemba, en contra de restricciones a la comercialización de espacios, y confía en que se siente un precedente legal que abra a las radios comunitarias esquemas alternos de financiamiento.

Otro camino, también dentro de la búsqueda de recursos, es el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones civiles interesadas en difundir sus agendas entre el auditorio de las radios comunitarias.

“Esa puede ser una vía, pero insistimos en la necesidad de políticas públicas, que no implican necesariamente por reformas a la legislación de la materia, sino el establecimiento de acciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión”, puntualiza el representante de AMARC.