Comunicadores Indígenas

por Fernando Villavicencio V.

“El poder mediático no es sino la espuma del verdadero poder”

Libertad de expresión y objetividad

Raúl Sierra, reportero del Diario “La Razón”, ha investigado actos irregulares y perjuicios económicos cometidos por la empresa Petrosur, vinculada al Centrobanco. Sierra procesa la información, documenta todo, deja listo el reportaje.
El editor le dice “esto no debe publicarse, ¿no sabías que el dueño de Petrosur es el propietario de este periódico?, Raúl toma su verdad, su objetividad, su indignación a seis columnas, piensa en sus hijos, en sus US$ 400 dólares mensuales, en el desempleo que le aterra y se traga lo más amargo.

Como Raúl Sierra, el 95 por ciento de comunicadores de este país, son asalariados, mal pagados, sin organizaciones gremiales y cada día se deben tragar la hipócrita objetividad. La verdad que descubren, apenas pueden publicarla en las páginas interiores de la impotencia.

¿Dónde quedan los límites de la objetividad y de la ética periodística?. No son acaso el mercado y la sagrada propiedad sobre los medios masivos, las auténticas murallas que violentan los derechos a la libertad de pensamiento, de opinión, de prensa, no solo del pueblo, sino de los propios periodistas? La calentura no está en las sábanas.

En Cochabamba, Bolivia, un reportero, de UNITEL, empresa televisiva propiedad de un banquero, al ser interpelado por la ciudadanía, decía: “Nosotros sólo captamos las imágenes y llevamos los reportes a la sala de prensa”. Luego, ciudadanos armados con palos y piedras apedrearon la fachada de la empresa. En las afueras del aeropuerto de Quito, una reportera de Diario Hoy, fue agredida por simpatizantes del régimen de Rafael Correa, mientras esperaban el arribo del Ministro Ricardo Patiño.

Si no tenemos claridad para identificar las diferencias entre las distintas categorías y actores: medios, periodistas, mercado y poder, corremos el riesgo de confundir, al trabajador de la comunicación, con el propietario del medio y el poder. ¿Quién determina qué y cómo se publica, quién edita, titula y dispone? ¿Es acaso el asalariado reportero, buscador de la información? No, es el propietario del medio el que ordena “silenciar”, invisibilizar la multitudinaria manifestación popular, o decide matar el reportaje de Raúl Sierra, es el dueño a través de su Director de edición, el que le pone alas a un delincuente de pedigrí.

Así como la objetividad es reñida con el capital, la libertad de prensa no debe ser reducida a la libertad de los dueños de los medios, ni de los periodistas, para hacer y deshacer desde su trono. La libertad de prensa es la potestad de la ciudadanía de exigir información íntegra. En esta dirección, “La libertad de prensa sólo es reconciliable con la libertad de empresa si acaso la empresa comunicacional se sujeta al derecho de la información completa y transparente que tiene la ciudadanía.”, lo cual en este país está en entredicho.

Cada vez queda más claro que la tan evocada “objetividad”, solo será posible cuando los medios masivos de comunicación, o al menos una gran parte de ellos, estén al servicio o sean de propiedad de los dueños de la palabra, de la cultura, de la economía, de la libertad; es decir cuando se desprivatice su función. La objetividad y la libertad de expresión bajo la égida de este cadáver poderoso, se parece mucho a “un sordo hablándole a millones de mudos”.

La historia deja lecciones imborrables, una de las que se ajustan al caso es que los propietarios de los medios no se sujetarán jamás al gobierno del bien común, ni renunciarán al poder, pues como es conocido, el diablo jamás se corta las uñas asimismo; pero lo que si es posible es invitar a los periodistas e incluso a algunas deidades de la comunicación a que asuman una nueva ética frente al poder de sus patrones.

El poder mediático es la espuma del verdadero poder

Mientras en Venezuela el Gobierno ha decidido revertir la frecuencia de RCTV al Estado, como parte de un proyecto social y político que avanza a la socialización; en Ecuador el Gobierno de Rafael Correa resiste una creciente arremetida de los grandes medios de información vinculados a los grupos de poder económico y político que se sienten afectados. Los cambios que agitan a la región van creando un escenario muy activo de debate y transformaciones, en la esfera de la comunicación mediática.

En el centro de la disputa aparecen el Presidente Correa y algunos periodistas y editorialistas, a quienes se los acusa de alterar la verdad, sacar informaciones de contexto y atentar contra la honra de la primera autoridad del país. Los hechos llegaron al punto de echar de Palacio al editorialista de Diario El Universo, Emilio Palacio y de inducir a alumnos de un Colegio a decir “ándate a la casa de la verga”, tomando como referencia el nombre del palo que atraviesa el mástil de un barco.

Al Presidente algunos medios le han ofendido y el tiene el derecho y el poder, incluso a través de los mismos medios, para defenderse públicamente. Pero que hay de las ofensas, de la criminalización, de la exclusión de las que son víctimas las amplias mayorías sociales por parte de los medios; incluso que hay de la violación de la libertad de expresión a los propios comunicadores por parte de las empresas de información? Creo que la estrategia del régimen es correcta pero en la táctica se equivoca al atizar el fuego del lado equivocado. Los culpables no son los periodistas o al menos la gran mayoría de comunicadores, asalariados, mal pagados, obligados a difundir informaciones alteradas u obligados a callar; no, la responsabilidad está en este pútrido e inhumano sistema, que les ha asignado a un puñado de potentados el dominio no solo los bienes terrenales, sino hasta la facultad de jugar con el deseo, la imaginación, el conocimiento, la ternura, la cultura, el derecho a la comunicación de millones.

Ese ogro poderoso dominando el espectro radioeléctrico, apropiándose de las nuevas tecnologías, constituye un peligro superior a cualquier arma biológica. Veamos sus pantallas de tv, las primeras planas o los titulares: pasan y repasan los arquitectos de las tragedias humanas, jerarcas de las cortes empresariales; veamos en las pasarelas aquellas figuritas virtuales, a los parasicólogos del milagro del mercado; veamos como se endiosa a la publicidad truculenta; mientras millones de compatriotas se calientan con el periódico de ayer bajo los puentes. Los ignotos rostros y sus historias excluidas solo aspiran un trágico titular en crónica roja.

¿Que es el espectro radioelectrico?

El espectro radioeléctrico es un recurso natural no renovable que permite la propagación de ondas electromagnéticas que transportan imágenes, sonidos e información, a la velocidad de la luz (300 mil km por segundo), con la ayuda de equipos emisores y receptores (radio, televisión, Internet). El espectro radioeléctrico es el espacio que está sobre nuestras cabezas y que permite comunicarnos, llevar una imagen más allá del límite de nuestros ojos, la voz más allá de las limitaciones de nuestros oídos y todo tipo de información a cualquier rincón del planeta.

La Constitución en el Art. 247 señala: “Será facultad exclusiva del estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y otros medios. Se garantizará la igualdad de condiciones en la concesión de dichas frecuencias. Se prohíbe la transferencia de las concesiones y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto por el Estado o por particulares, de los medios de expresión y comunicación social”.

Por su parte de Ley de Telecomunicaciones en el Art. 2 establece que “El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del estado y como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al Estado. En Ecuador existen varios organismos estatales de regulación y control del espectro radioeléctrico: SENATEL, CONATEL, CONARTEL, SUPTEL, ellos son los encargados de administrar, regular, concesionar y controlar el espacio radioeléctrico.

Hasta la fecha el Estado ecuatoriano, según información oficial ha entregado 882 concesiones de frecuencias de radio FM, 314 para radio AM, 348 frecuencias de televisión abierta, 161 concesiones de televisión por cable, un total de 1.705 concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico, de las cuales el 95% están en manos privadas, el restante 5% corresponde a iglesias, municipios, radios comunitarias y gobierno central. Lo cual expresa una auténtica privatización del espectro radioeléctrico.

19 Familias controlan la pantalla chica

En el caso de la televisión abierta, de las 348 concesiones, 287 están controladas por 19 familias a nivel nacional. Gamavisión, canal vinculado a la familia Isaías, registra 50 concesiones a nivel nacional, a nombre de Nicolás Vega; Fidel Egas, propietario del Banco del Pichincha dueño de Teleamazonas, es beneficiario de 43 concesiones a nivel nacional, registradas a nombre de Sebastián Corral; la familia Isaías, vinculada también a Canal 10, es beneficiaria de 35 frecuencias a nombre de Jorge Kronfle; Angel Cossta García, propietario de Teleatahualpa tiene 34 concesiones en todo el país; ECUAVISA cuenta con 20 frecuencias a nombre de Juan Patricio Jaramillo Vásquez; Canal Uno, tiene 22 concesiones, 20 a través de la compañía Relad, cuyo representante es Alejandro Minuche y 2 concesiones a nombre de Marcel Rivas; RTS de Carlos Muñoz Insúa, tiene 28 concesiones; la familia El Juri dueña de Telerama, es beneficiaria de 14 frecuencias; Luis Andrade de Manabí, es propietario del Canal Capital TV y registra 12 concesiones; Jaime Mantilla, dueño de Diario Hoy, tiene 6 frecuencias; América Visión cuenta con 9 frecuencias a nombre de Julio César Plaza Rada; el ex diputado de Loja Jorge Montero, es beneficiario de 6 concesiones; Televisión Satelital tiene 3 frecuencias registradas a nombre de Ricardo Rivera Aráuz, nombrado Intendente General de Telecomunicaciones, en el Gobierno de Rafael Correa. El resto de frecuencias están repartidas en provincias y principalmente en manos de conocidos políticos y empresarios locales.

“Quienes son los jerarcas de la radiodifusión”

De igual forma, de las 1.196 estaciones de radio FM y AM, el 95% están concentradas en manos privadas, en particular a través del control de grandes cadenas nacionales. Casi los mismos grupos y familias concesionarias de frecuencias de TV dominan las estaciones de Radio FM. 45 familias tienen el 60% de concesiones de radio; entre las que se destacan: JC Radio a nombre de José Cueva registra con 17 concesiones; Radio Sonorama, vinculada al grupo Isaías, tiene 16 frecuencias, a nombre de Mauricio Rivas; Radio Caravana de Mario Canessa, tiene 16 frecuencias; Integración FM y Radio Kiss, propiedad de Bernardo Nussbaum, dirigente de AER, cuenta con 15 concesiones; Radio Rumba de Sergio Moreno Célleri, registra 10 frecuencias; Radio Bonita, de la familia Gamboa de Ambato, tiene 10 frecuencias; la familia Velasteguí Domínguez de Radio Maracay de Santo Domingo, registra 8 frecuencias; Antonio Velasteguí Galarza, también registra 8 frecuencias; Radio Sol 95 de Mario Mejía, tiene 9 concnesiones; Rafael Guerrero Valenzuela de CRE cuenta con 6 frecuencias; Radio WO .DOS de Nora Loaiza, 7 concesiones; el Grupo Ecuadoradio, Radio Quito, Diario El Comercio, cuenta con 6 frecuencias; Lenin Andrade de Manabí ex representante al CONARTEL, cuenta con 7 frecuencias; Radio Sucre de Vicente Arroba Ditto tiene 6; Almorán, empresa del Diputado Luis Almeida Morán, registra 5 concesiones, la principal es Radio Morena; Edison Chávez, destituido Vicepresidente del Congreso, cuenta con 5 frecuencias de radio y 1 canal de TV; Radio Colón registra 6 concesiones a nombre de Ulpiano Castro; Radio Disney tiene 8 a nombre de John Czarninsky; Radio Onda Cero de Glenda Silva, 7 concesiones; Radio Centro cuenta con 7 frecuencias a nombre de Rhut Mery Vasco Cevallos; Radio Bolívar FM de Jorge Aguilar, cuenta con 6 frecuencias; Angel Cabrera de Ecuasur registra 5 frecuencias en el sur oriente; Francisco Vivanco de Diario La Hora registra 2 frecuencias; Radio Infinita de Cañar y Cuenca es propiedad del Diputado John Argudo tiene 2 concesiones; Jorge Yunda, de Radio Canela, es beneficiario de 3 frecuencias y fue designado Presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL por el Presidente Rafael Correa. El resto de frecuencias de radio igualmente en una gran mayoría están en poder de políticos y empresarios locales.

¿Quienes controlan la televisión por cable?

En referencia a la televisión por cable la totalidad de las concesiones está en manos privadas. El Estado hasta el momento ha entregado 161 autorizaciones, en su gran mayoría están vinculadas a los mismos grupos de televisión abierta, radios AM y FM. Los principales beneficiarios de televisión por cable son: la empresa TV Cable vinculada al grupo Isaías, que registra 15 concesiones, la mayoría registradas a nombre de Diego Puente Morla y Carlos Proaño Salvador; la empresa Univisa registra 6 a nombre de Iván Valdés Andrade; Nexsatel cuenta con 9 a nombre de William Sánchez Izurieta; el grupo El Juri dueño de Telerama también tienen 2 concesiones en Quito y Guayaquil a través de la empresa TV MAX; Lenin Andrade, registra 2 concesiones a través de la empresa INTERCABLE; el Diputado de la RED, Byron Pacheco Ordóñez cuenta con 3 concesiones en las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay; Gustavo Masshu Isaías, con la empresa TELESAT tiene 2 frecuencias en Quito y Guayaquil.

Un espectro de corrupción e impunidad

Claves, llaves y misterios han rodeado la distribución, por no decir feria o asalto, de las frecuencias de radio y televisión, hasta que al fin alguna información permite verificar el vergonzoso pacto entre el poder político, militar y económico para el reparto del espectro radioeléctrico.

De acuerdo con la Constitución y la Ley, el Ejecutivo y el Legislativo designan a las autoridades del sector, tanto al Superintendente de Telecomunicaciones como al Presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL. Casi en todos los períodos investigados, las autoridades de estas dos instancias han estado vinculadas con los medios de información, si no han sido propietarios directos de canales o empresas del entorno.

El organismo de regulación CONARTEL está integrado por el representante del Presidente de la República, que a su vez es el Presidente de la entidad, actualmente el cargo ostenta el señor Jorge Yunda, propietario de Radio Canela, también integra el representante de AER, el de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, el Jefe del Comando Conjunto y el Ministro de Educación.

El máximo organismo de control es la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyo titular es elegido por el Congreso de una Terna remitida por el Presidente de la República. Actualmente el cargo ostenta Paúl Rojas, propietario de la empresa ADVICOM, dedicada a la venta e instalación de equipos de radio y televisión a las estaciones controladas. El Intendente General de Telecomunicaciones es Ricardo Rivera Arauz, propietario de Canal Satelital.

Esta tramposa integración de los entes de regulación y control es la que ha perpetuado la impunidad en el sector, como se puede evidenciar en la nula acción para cumplir con el mandato de los organismos de control de la corrupción. Hace seis años la Comisión Anticorrupción determinó ilegalidades en la suscripción de 236 contratos, de los cuales más del 90% no contaban con estudios ni informes técnicos, “se violaron normas legales y reglamentarias provocando presunciones de tráfico de influencias y testaferrismo con el propósito de favorecer a determinadas personas naturales o jurídicas, que con un régimen de tarifas expedido hace varias décadas han pagado valores insignificantes frente al valor comercial en que se cotizan las transferencias y traspasos de tales frecuencias”.

Se han movido a sus anchas en el espectro, se han burlado de la Constitución, que pese a prohibir toda forma de transferencia y acaparamiento de las frecuencias, como consta en el Art. 247 “…Se prohíbe la transferencia de las concesiones y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto por el Estado o por particulares, de los medios de expresión y comunicación social”, decenas de emisoras con sus frecuencias fueron vendidas y transferidas; así como se pudo evidenciar, han constituido verdaderos oligopolios de radios y televisoras, a vista y paciencia de las autoridades de control.

La Comisión Anticorrupción acusó arrogación de funciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones, por haber firmado los 236 contratos, cuando el organismo autorizado era el Conartel, por lo que pidió se reviertan al estado 134 frecuencias de radio, 26 de televisión abierta y 293 de televisión codificada. No pasó nada, todo quedó en el olvido.

Contraloria exige reversión de frecuencias

En diciembre de 2006, la Contraloría emitió el informe preliminar de la auditoría realizada al CONARTEL por la ilegal entrega de frecuencias de radio y televisión, y por incumplimientos contractuales y legales, durante el período 2003 – 2005, a través del cual dispuso al Conartel y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, retirar las frecuencias asignadas a más de 823 concesionarios. Han pasado cinco meses y nadie hace nada.

Durante el período investigado por la Contraloría estuvieron al frente del CONARTEL Jaime Guerrero, designado por el Presidente Correa al Directorio de TELECSA S.A., Freddy Moreno Mora, Ricardo Morales A. y Fernando Bucheli Naula.

Entre las ilegalidades detectadas por la Contraloría se destaca que más de 820 concesionarios de frecuencias se encuentran en mora, de los cuales 700 no cancelaron las irrisorias tarifas que oscilan entre US$ 4 y US$ 1.000, por lo que en aplicación de los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión, se solicitó la cancelación de las concesiones y la reversión de las mismas al Estado.

Otra ilegalidad que sustenta el pedido de cancelación de las concesiones, es la adjudicación de frecuencias auxiliares sin cumplir con la normativa, como los casos de la empresa Almoran, propiedad del Diputado Luis Almeida. Según determinó la Contraloría, la compañía Almoran, se dedica a la actividad pesquera e industrial. Además, se le atribuye el funcionamiento de una emisora clausurada por operar clandestinamente. En este caso la Contraloría pidió al Superintendente de Telecomunicaciones iniciar las acciones penales correspondientes. Otra vez, no hay nada.

Contraloría también detectó irregularidades en la entrega de frecuencias a Bernardo Nussbaum y Lenin Andrade, directivos de AER. Luego de la presentación del informe de Contraloría, muchos radiodifusores respaldaron el mismo, pero entre otros se destaparon agudas disputas e inculpaciones, como reveló Diario el Universo el 24 de enero del 2007: “Vicente Arroba Dito, director de radio Sucre, denunció que él y su hijo Gabriel Arroba Soria recibieron una llamada anónima alertándolos de un supuesto atentado contra ellos y los bienes de la estación radial. El acto, mencionó, habría sido ordenado por Lenin Andrade; por ello presentó ante la Fiscalía del Guayas una denuncia.”

Por su parte Lenin Andrade, quien preside AER nacional en declaraciones a Diario El Universo, señaló: “deben preocuparse todos los medios de radio y TV. Según esto, a Ecuavisa, Teleamazonas, Telerama, RTS se les habría renovado los contratos ilegalmente”.

Otro aspecto ilegal y reñido con la ética, según la Contraloría es que el CONARTEL haya creado una contribución especial a favor de la Superintendencia de Telecomunicaciones, consistente en el 60% de las tarifas pagadas por concesión y utilización de frecuencias, inobservando el pronunciamiento del Procurador del Estado, en el sentido de que el único organismo capaz de crear tasas es el Congreso Nacional. Imagínense, el organismo de control viviendo de las tarifas y multas de los controlados.

Hacia la democratización de los medios

En este conflictuado escenario ecuatoriano, una buena señal llega desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, el consejo asesor de Telesur tras dos días de reuniones aprobó el siguiente manifiesto “Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos…..Para garantizar que sea patrimonio de la humanidad, es imprescindible una democratización de las frecuencias radioeléctricas en América Latina, donde la concesión de las mismas ha favorecido la concentración en grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, y no la creación de televisoras de servicio público.”

La desprivatización o expulsión de los fantasmas neoliberales del espectro radioeléctrico, hasta llegar a la utopía de la propiedad social sobre los medios, se conquistará en la lucha diaria, construyendo organización, incluyendo a los compañeros periodistas honestos, haciendo de todos nosotros comunicadores, levantando la otra información, la otra comunicación, rompiendo la dependencia consciente o inconsciente de los monopolios y oligopolios informativos manejados por el gran capital.

Requerimos canales estatales no gubernamentales, radios en manos del pueblo, Internet en las barriadas populares, más radios comunitarias, agencias de noticias alternativas, prepositivas, requerimos hacer comunicación en la calle, con la prensa propia de los que luchan, necesitamos formarnos y formar comunicadores de la gente común, hacernos y hacerles constructores del nuevo poder; esas son las tareas trascendentales; el resto solo raya en la vieja cancha de la disputa mediática, en la cual el pueblo siempre tiene una columna en la crónica roja.

Al cierre de este trabajo, el Presidente de la República, Rafael Correa, anuncia que ha dispuesto la investigación del tráfico de frecuencias de radio y televisión y que se revertirían algunas frecuencias al Estado. Ese pronunciamiento genera satisfacción, pero también dudas, pues mientras los gatos sigan al frente de la despensa, el queso estará a disposición de ellos. La garantía mínima para cumplir el anhelo del Primer Mandatario, un histórico derecho del pueblo, es la remoción de las autoridades de control de telecomunicaciones que fueron elegidas para proteger los intereses de los traficantes de frecuencias, se requiere además un pacto social capaz de organizar la insurrección de la palabra.

Fuente: Argenpress