Los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y de la Asociación de Canales de Televisión de Ecuador (ACTVE) ya no serán miembros del directorio del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL). Así lo resolvió el 9 de abril el pleno de la Corte Constitucional declarando que algunas disposiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión, respecto a la integración de este organismo regulador, están fuera del ordenamiento jurídico.

Según la Corte, las normas impugnadas vulneran el artículo 123 de la Constitución Política de 1998, ya que CONARTEL no puede estar conformado por dos miembros con intereses vinculados con las áreas de control atribuidas a éste.

Para Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, “los delegados de esas asociaciones no pueden ser juez y parte en las tareas de vigilar que las disposiciones normativas que regulan la actividad en radiodifusión y televisión se cumplan a cabalidad y que en caso de ser inobservadas se impongan las respectivas sanciones”.

El artículo 232 de la Constitución actual expresa que “no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan.

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios”.

La presencia de representantes de los gremios empresariales en el organismo que otorga y controla el uso de frecuencias de radio y TV ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por haber hecho primar el interés corporativo ante el interés general y por denuncias de autoasignación de frecuencias y beneficios para sus representantes en el organismo, sus familiares y allegados.

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Fuente: Gustavo Gómez, Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC-ALC