Montreal, 6 de marzo de 2010. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), saluda la rápida respuesta de las radios  comunitarias chilenas frente al reciente terremoto y llama a que el gobierno chileno entrante que acelere la adopción de disposiciones legales que favorezcan la radiodifusión comunitaria.

Las radios comunitarias han mostrado su rol esencial en la respuesta humanitaria frente al terremoto y los maremotos que golpearon Chile el 27 de febrero. Unas 100 pequeñas radios locales están ubicadas en zonas que han sido gravemente golpeadas por el movimiento sísmico.

Muchas de entre ellas han seguido transmitiendo con el objetivo de asegurar información de emergencia a pesar de contarse entre los damnificados.
Apenas cuatro días del desastre una transmisión diaria especial vio la luz, el ‘Noticiero Ciudadano’. Una iniciativa conjunta de Radio Juan Gómez Millas, Radio Tierra, La Radioneta y ECO Comunicaciones, además con la colaboración de Radio Placeres, Radio El Encuentro, Radio la Ventana y periodistas en terreno en las zonas más afectadas.

El programa contiene noticias importantes y análisis esenciales para que los ciudadanos sean informados de la respuesta al desastre como también asistir a los más afectados.

A pesar del rol protagónico en la repuesta humanitaria a los desastres, muchas radios comunitarias en Chile operan con muy baja potencia en espera de la promulgación de la ley de radios comunitarias que está actualmente en el Tribunal Constitucional.

La nueva legislación tiene diversas debilidades, pero al menos establecerá estándares mínimos para garantizar servicios de radiodifusión operados por organizaciones de la sociedad civil que respetan el derecho a la comunicación.
AMARC insta al nuevo gobierno de Sebastian Piñera avanzar inmediatamente en la promulgación de la ley que proteja y fomente la radiodifusión comunitaria.

Al mismo tiempo llama a que la amenaza de encarcelamiento o incautación de equipos, establecida en la Ley de Telecomunicaciones de 1982 sea reemplazada por un marco regulatorio de la radiodifusión que sea consistente con un sistema de derechos democráticos y con los estándares internacionales de libertad de expresión.

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